La justicia no es igual para todos y menos para la monarquía. Es obvio todo lo que Iñaki Urdangarín ha hecho, y ya se sabe, con toda la información que conocemos y va saliendo, es evidente que su mujer la infanta Doña Cristina que pertenecía al consejo administrativo de Nóos debía, era su obligación, por pertenecer a dicho consejo saber lo que acontecía. Pero la justicia lleva su venda y no se la quita ante determinadas personas. Es conocido que el rey Don Juan Carlos I de España sabía en líneas generales lo que pasaba desde 2006, en vez de poner los hechos supuestamente delictivos en conocimiento del fiscal cubrió a su yerno. Es entendible y comprensible y no reprobable pero entonces que abdique por incumplir sus obligaciones morales con su pueblo y mal ejercer sus funciones. Para colmo el caso Corinna hace cuestionar quién la sufragó los gastos de sus largas estancias en España y con escolta. La cacería de elefantes por diversión es una monstruosidad, o las declaraciones de la reina Doña Sofía de España que no entiende porque el día del orgullo gay salen miles de personas a la calle, porque sugiere que es como si salieran un día x al año miles de personas heterosexuales a la calle manifestando su orgullo. Esa conclusión es como decir: ¿por qué existe el día de la mujer, o el día de la infancia, o el día del trabajador?, pues es muy fácil: para la reivindicación de derechos y la igualdad social y real no solo jurídica, porque todavía esa igualdad no existe y por eso es necesario manifestarse y tener un día al año por cada causa social merecedora de esa lucha, como un día para la defensa de los animales. Por otra parte esas inadecuadas actuaciones están al orden del día por los distintos gobiernos habidos, como en su día en el caso de los Gal, que se sabía quien podía ser ese señor x, supuestamente el señor presidente del gobierno en ese momento, Felipe González. No, la justicia no es igual para todos. Acaso el partido popular no conocía tras 20 años de tener como tesorero a Bárcenas, lo que hacía, si había o no pagos con sobres con dinero negro, etc. De por medio hubo un gobierno de su partido, no investigaron sus cuentas ni su forma de proceder y ahora se hacen los falsos y se llevan las manos a la cabeza. Y la inmoralidad de la amnistía fiscal, legalizar la delincuencia y por tanto a los delincuentes con esa amnistía: Todo por el dinero. Y el dinero que se ha inyectado a los bancos para sanearlos, por qué no les obliga el gobierno a cambio de ese dinero dado que sale de todos, con los inmorales impuestos decretados por el mismo, a que paguen a las personas su dinero invertido en las preferentes. Y para cuándo la reformar de la ley hipotecaria. Por no hablar del apoyo moral a la guerra de Irak por Aznar desoyendo a la ONU y cuando había informes de la CIA de que no existían armas de destrucción masiva, ya se han escritos muchos libros estando bien documentados y se han hecho películas al respecto basadas en hechos reales y narrados por ex agentes de la CIA (ex espías). Pero hay miedo, mucho miedo a la libertad de expresión y actuar dentro de la legalidad y conforme a la Constitución : de decir la verdad y proceder conforme a ella. ¿Acaso los jueces y magistrados no se sienten libres para ello? ¿Podrían tener amenazas o miedo atenerlas cuando juzgan casos de personas relevantes con mucho dinero y poder, no solo las que representan las más altas instituciones del país sino de mafias también?
Mas el poder corrompe: “Vive como piensas o acabarás pensando como vives”. Seguramente hasta la persona más noble si estuviera cuatros años en un gobierno con grandes responsabilidades políticas acabaría corrompido. Y el actuar corruptamente no es solo delinquir fiscalmente, etc., es también no crear leyes justas pudiendo hacerlo por presiones o porque así ganes dinero si inviertes en negocios con leyes hechas a tu medida: “Quien hizo la ley hizo la trampa”, beneficiándote de información privilegiada, o no luchar por una sanidad y educación pública, o regular la forma correcta de ascender en el órgano judicial sin influencias políticas y sin necesidad de votos del congreso para ello, vender armas y medicinas a punto de caducar o caducadas para engrosar el erario público, etc. En fin no estoy descubriendo nada que no se sepa, que no se hable en la calle con nombre y apellidos y sin tener que poner el “supuestamente” delante. Además cuando a alguien se le imputa es porque existen indicios racionales de haber cometido un delito, es decir, porque son supuestos delincuentes. Aunque contradictoriamente la Constitución habla de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si bien, un supuesto delincuente no es delincuente hasta que no se demuestre en un juicio, hasta entonces es sólo un supuesto delincuente, entonces creo que esa afirmación en la Constitución está mal redactada, debería ser: “Toda persona es inocente hasta que no se le impute, entonces será supuesto culpable por existir indicios racionales de haber cometido un delito, aunque no quiere decir que sea culpable ni inocente hasta que haya recaído sentencia firme confirmándolo”. Además hay gente inocente que se les ha condenado y gente culpable que ni siquiera se les ha juzgado, por lo que no se puede hacer afirmaciones al respecto de forma categórica en un sentido u otro.
Habría que acceder a un Estado Democrático Español, dejando atrás términos tan antiguos como monarquía y república, donde el Jefe del Estado sea el mismo que el Jefe del Gobierno y no esté más de dos legislaturas al frente del gobierno. Y una mayor participación ciudadana, más poder para el ciudadano donde el que vigila (el gobierno) sea a su vez vigilado (por los ciudadanos). La ciudadanía debería de tener más poder a la hora de debatir y participar activamente en el congreso, y no solo con la recogida de firmas para las proposiciones de leyes, pudiendo denunciar a las más altas instituciones de este país delegando en el defensor del pueblo, uno por cada Comunidad Autonómica, con un escaño fijo, voz y voto, sin ideología política y elegido por los ciudadanos en asambleas y referéndums, siendo independientes de los partidos políticos. Por el contrario serían elegidos libremente por los ciudadanos primero en asambleas vecinales y después en referéndum accederían los más votados según los distritos. En total uno por cada Comunidad Autonómica y Ciudad Autonómica, estando representados en dichas asambleas legislativas. Y tendrían que tener un poder más efectivo para denunciar supuestos que atestigüen indicios racionales de delito en defensa de los ciudadanos como tiene el Ministerio Fiscal respecto a los políticos, cada uno en su ámbito territorial, pero no como ahora que las denuncias del defensor del pueblo acaban en recomendaciones y básicamente actuando en el ámbito administrativo, y nunca en contra del gobierno del que forma parte. Y de entre todos los defensores del pueblo, cada seis meses alternativamente, se vayan sucediendo para que uno de ellos tenga representación también en el congreso, reflejando mejor la voz del ciudadano referente a derechos y libertades fundamentales y derechos sociales que atañen a la sociedad del bienestar social. Con voz y voto, pero que en el congreso su voto tenga un valor de 19 votos que equivaldría a las 17 Comunidades Autonómicas y a las dos Ciudades Autonómicas de Ceuta y Melilla. El cual tenga igualmente la gracia para el indulto en aquellos supuestos que cuenten con la aceptación popular. Y que a través de él los ciudadanos se sientan defendidos cuando presenten sus proposiciones de leyes al obtener las firmas necesarias para ello en el congreso. Y aunque los ciudadanos estén representados por los partidos políticos deberían estarlo además por una nueva figura remodelada del defensor del pueblo, para que se escuche con más vigor la voz del pueblo y refrende realmente su representación real en determinados temas. Que dos veces al mes (cada mes en una Comunidad o Ciudad Autonómica) se reúnan todos los defensores del pueblo para aunar fuerzas y debatir cuestiones, teniendo que ser refrendados por el pueblo igualmente cada cuatro años. Y que el defensor del pueblo en la asamblea legislativa de cada Comunidad o Ciudad Autonómica, su voz y voto, se refiera en todo lo que afecte directamente a los ciudadanos y sus quejas. Si bien, el defensor del pueblo representado en el congreso deberá abstenerse de reivindicaciones deterministas o soberanistas fuera de su ámbito territorial, para que exista unanimidad entre todos ellos y así el que represente al conjunto de la ciudadanía en el congreso de forma rotatoria cada seis meses no entre en divergencias con sus homónimos, siendo vital la unidad en sus reivindicaciones del ciudadano.
