TASAS JUDICIALES: Inconstitucionales por su excesiva cuantía.

 El taxazaso judicial, es decir, pagar un gravamen o cuota dineraria por interponer una demanda, mejor dicho: pagar un gravamen dinerario excesivo donde interponer determinadas demandas implicaría pagar mil euros y hasta más en primera instancia, porque si se recurre en segunda instancia o en instancias posteriores como el Tribunal supremo o Tribunal Superior de Justicia ese gravamen dinerario se duplicaría y hasta triplicaría. Y sin ninguna posibilidad de que se devuelva a quienes desembolsaron dicho dinero, aun ganando en dichas instancias sin que se pueda repercutir en la imposición de costas al contrario que haya perdido el juicio. Lo que se convierte en una medida inconstitucional por vulnerar la igualdad de derechos para acudir a los juzgados y tribunales por parte de los ciudadanos, puesto que habría gente que no podría por dichas causas interponer una demanda cuando no se les conceda la justicia gratuita, por no poder abordar dichas cantidades o que no les compense si el dinero que reclaman al deudor por ejemplo, pierdan más demandando que lo que reclaman. Supuestamente la medida tomada por Galladón ex alcalde de Madrid y actual Ministro de Justicia se debe para no colapsar los juzgados de demandas, mas no ha sopesado que dicha medida significa que los más desfavorecidos económicamente respecto a otras personas les implique no poder acceder a la administración de justicia, quebrándose la igualdad de las partes en su derecho de acudir a los juzgados y tribunales. También a la larga conllevaría menos demandas, menos trabajo para abogados y procuradores, más crisis y menos necesidad de jueces, secretarios judiciales, fiscales, administrativos, auxiliares, agentes judiciales, etc.

   Si se quiere agilizar los trámites en los juzgados que contraten más personal y se construyan más edificios judiciales, creándose más trabajo. Una cuestión sería imponer un impuesto por interponer una demanda con una cantidad económica razonable si ello conlleva crear esos puestos de trabajo y el poder sufragarlos, pero en una cantidad justa, proporcionada y que no sea abusiva ni contraria a Derecho, es decir, que no se vulnere el derecho de igualdad para acudir a juzgados y tribunales por parte de todos los ciudadanos, además así no solo sería una medida constitucional sino que sería útil para crear más puestos de trabajo agilizando los trámites judiciales en cada caso y colapsando menos juzgados y tribunales. Pero lo que es indignante de esta medida no es la medida en sí sino son las cantidades desorbitadas que se piden por interponer una demanda. Obviamente esto le importa un bledo al señor Gallardón que veranea en yate con empresarios muy conocidos y millonarios como así refleja la prensa del corazón, porque él si puede pagarse una educación y sanidad privada, pero con esta medida ¿acaso se podría hablar de justicia pública?, ¿acaso no es forma de que la justicia ha dejado de ser igual para todos?, ¿acaso la justicia más que nunca será sólo para ricos o gente de clase media alta?   Afortunadamente este taxazaso judicial no se aplica en la jurisdicción penal, acabáramos. Pero sin duda uno de los efectos de imponer esas cantidades exageradas de dinero por demanda interpuesta es que favorece la “delincuencia” o morosidad de muchas personas, que se refugiaran en esta medida sabiendo que no les reclamarán en vía civil por cantidades dinerarias no muy elevadas al no compensar a los demandantes, acampando a sus anchas dichos morosos defraudando a mucha gente, es una forma de delincuencia no penada por pertenecer a la jurisdicción civil. En resumen no se favorece la justicia sino lo contrario: La morosidad, impago de deudas contraídas, etc.